Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR denunciamos que la nefasta gestión del gobierno municipal de Llucmajor ha provocado un perjuicio de más de medio millón de euros para las arcas municipales, después de que el Ayuntamiento haya aprobado el pago de la reclamación patrimonial presentada por la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos.
Este pago no responde a un hecho fortuito ni imprevisible. El dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears concluye que la reclamación tiene su origen en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de su obligación de licitar y adjudicar un nuevo contrato dentro de los plazos legalmente establecidos. Es decir, el medio millón de euros que ahora deberán asumir todos los vecinos de Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y Foravila es la consecuencia directa de una gestión deficiente del equipo de gobierno.
El propio dictamen también pone de manifiesto que la alcaldesa asumió durante los años 2024 y 2025 unas competencias que no le correspondían al tratar de negociar con la empresa el pago de conceptos que no eran responsabilidad del Ayuntamiento.
Lo más grave es que estas actuaciones ya habían sido cuestionadas por los servicios técnicos y jurídicos municipales, cuyos informes advertían de que esa no era la vía legal adecuada y alertaban de los riesgos que entrañaba para los intereses del Ayuntamiento y los vecinos.
Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR también advertimos públicamente de las consecuencias que tendría persistir en esa estrategia. Además, propusimos una alternativa jurídica y administrativa que permitía defender los intereses vecinales: rescindir el contrato por incumplimiento de la concesionaria, declarar la emergencia sanitaria para garantizar la continuidad del servicio y adjudicar de forma urgente la prestación a otra empresa mientras se tramitaba una nueva licitación pública.
La alcaldesa y sus socios de gobierno (PP-VOX) desoyeron tanto los informes de los técnicos municipales como las propuestas formuladas por el Partido Vecinal. Hoy, el resultado es evidente: el Ayuntamiento ha aprobado el pago de cerca de 500.000 euros que podrían haberse evitado con una gestión responsable y ajustada a Derecho. 500.000 euros que no se destinarán a una mejora del servicio, sino en mantener el deplorable estado actual de abandono y acumulación de basuras.
Este dinero pertenece a todos los vecinos del municipio. Son recursos que ahora no podrán destinarse a mejorar calles, instalaciones deportivas, parques, limpieza, seguridad o cualquier otro servicio público que el municipio necesita.
Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR exigimos que la alcaldesa y el equipo de gobierno den explicaciones públicas, asuman las responsabilidades políticas que les corresponden y expliquen por qué ignoraron las advertencias de los servicios municipales y de la oposición hasta provocar un perjuicio económico de semejante magnitud.
Gobernar exige responsabilidad, previsión y respeto por el dinero de los vecinos. Cuando se actúa con improvisación, se desoyen los informes técnicos y se toman decisiones al margen de las advertencias recibidas, las consecuencias terminan pagándolas todos los vecinos. Y, en este caso, la factura asciende a medio millón de euros. ¿Hubiera actuado igual la alcaldesa y sus concejales si el medio millón lo tendrían que pagar de sus bolsillos?
Palabras de Alexandro Gaffar, portavoz del Partido Vecinal.
