Desde hace años los residentes soportan olores persistentes y nocivos que afectan a la salud pública y a la calidad de vida de nuestras urbanizaciones; esas molestias han sido objeto de quejas formales y de denuncias ante las autoridades competentes, incluida la Guardia Civil, por el vertido y la gestión inadecuada de estiércol y residuos.
Exigimos que se ponga de inmediato fin a esta situación. La explotación ha sido objeto de inspecciones que han detectado deficiencias graves —con sanciones propuestas por la Conselleria— y la imposición de medidas cautelares que obligan a reducciones de actividad y a la revisión de la gestión de residuos. Aun así, la actividad no está clausurada por completo ni se han adoptado todas las medidas preventivas necesarias para proteger a los vecinos.
Queremos dejar claro que la granja no cuenta con las autorizaciones y permisos ambientales necesarios para un funcionamiento que respete la normativa vigente, circunstancia que agrava la responsabilidad de las administraciones a la hora de intervenir.
Por ello instamos a la Alcaldesa de Llucmajor a ejercer las competencias que le corresponden. A la vista de las infracciones constatadas, el equipo de gobierno puede y debe dictar, mediante Decreto de Alcaldía, el cierre preventivo inmediato de la actividad como medida cautelar para proteger la salud pública y evitar mayores perjuicios a los vecinos. Esta es una herramienta legal sencilla y proporcionada, que el consistorio está en condiciones de activar ya.
Palabras de Alexandro Gaffar, portavoz del Partido Vecinal.
Recordamos además que, en el Pleno municipal celebrado a finales de junio, hubo un acuerdo plenario para cerrar la macrogranja (impulsado por la oposición) y que la respuesta política debería haberse materializado desde entonces. Sin embargo, a pesar de haber votado a favor en aquella sesión, la Alcaldesa ha eludido la ejecución del acuerdo y se ha negado a ordenar el cierre, amparándose en excusas vagas y en la falta de “informes técnicos” que, a nuestro juicio, no justifican más dilación.
Exigimos transparencia, responsabilidad y actuaciones concretas y urgentes:
- Que el Ayuntamiento dictamine de inmediato el Decreto de Alcaldía para el cierre preventivo de la actividad hasta que se garantice el cumplimiento estricto de la normativa.
- Que se haga pública toda la documentación técnica y administrativa relativa al expediente de la granja y a las medidas adoptadas por la Conselleria.
- Que la Alcaldesa y su equipo cumplan con lo aprobado en el Pleno y no escuden su inacción en pretextos que solo sirven para prolongar el daño a los vecinos.
Como el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR seguiremos acompañando a los vecinos afectados, elevando todas las acciones que procedan y exigiendo responsabilidades a quienes corresponda hasta que la explotación deje de suponer un riesgo para la salud y el bienestar de nuestra comunidad.