Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR denunciamos públicamente un nuevo intento por parte de la Alcaldesa de Llucmajor de aprobar facturas por un importe superior a los 100.000 euros, vulnerando de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público y actuando en contra de los informes técnicos desfavorables emitidos por los servicios municipales.
Este nuevo episodio no es un hecho aislado. Ya en enero de este mismo año, la Alcaldesa aprobó más de 60.000 euros en pagos a la empresa de recogida de basuras, justificándolo como una medida para “evitar una huelga”. Esta decisión también se tomó al margen de la legalidad contractual y en contra del criterio técnico que alerta de las responsabilidades administrativa, contable y penal a la que incurrirían los concejales.
El resultado del plan de la Alcaldesa fue un fracaso absoluto: pese al pago ilegal, la empresa ha incumplido reiteradamente con el servicio, provocando situaciones inaceptables en Llucmajor, s’Arenal y las urbanizaciones, que se han visto inundadas de basura. Un dinero público malgastado que no ha garantizado el servicio ni ha evitado el deterioro de la limpieza y la salubridad del municipio.
En esta ocasión, el intento de aprobar nuevas facturas por más de 100.000€ no ha prosperado, pues la Alcaldesa no ha tenido el apoyo de sus socios de gobierno y desde la oposición hemos votado en bloque en contra para evitar lo que podría constituir un presunto delito de prevaricación.
La Alcaldesa persiste en vulnerar la Ley para favorecer, presuntamente de forma prevaricadora, a una empresa privada con dinero público. Una actuación tan grave que ni siquiera cuenta con el respaldo de sus propios socios de gobierno, quienes la han dejado sola en este intento. Desde LLIBERTAT LLUCMAJOR le exigimos que abandone este camino oscuro y corrupto, y retorne a la legalidad para buscar soluciones reales a la crisis de basuras que su gestión ha provocado.
Palabras de Alexandro Gaffar, portavoz del Partido Vecinal.
La ciudadanía merece un Ayuntamiento que cumpla la ley y proteja el interés general, no un gobierno que improvisa, ignora los informes técnicos, y gestiona el municipio con opacidad y temeridad.
