Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR queremos avisar a todos los vecinos del chantaje encubierto que está realizando la empresa que tiene la concesión de la recogida de basuras (FCC) al Ayuntamiento. Un chantaje que admitió la propia Alcaldesa hace meses en sesión plenaria.

Sin embargo, hacemos responsables de entrar en esa dinámica a la Alcaldesa, Xisca Lascolas y su equipo de gobierno formado por PP, VOX y ASI. Debido a que éstos firmaron en el TAMIB, en una mediación de un conflicto laboral entre los empleados de FCC y su directiva, que el Ayuntamiento se haría cargo de pagar las subidas salariales de dichos empleados.

Dicho acuerdo que firmaron a principios de 2024 a raíz del chantaje de la ejecutiva de FCC de una potencial huelga, era totalmente ilegal como bien han manifestado los informes técnicos del Ayuntamiento meses después. Un asunto que desde el Partido Vecinal ya avisamos por activa y por pasiva en sesiones plenarias diversas y reuniones de portavoces de los distintos partidos, incluso antes de la firma del acuerdo ilegal en el TAMIB.

No le corresponde al Ayuntamiento de Llucmajor saltarse la Ley de Contratos del Sector Público y pagar a dedo medio millón de euros a la empresa FCC para que ésta cumpla con los convenios laborales pactados entre sindicatos y patronal. Le corresponde a la empresa FCC cumplirlo.

Pero claro, la firma del acuerdo ilegal en el TAMIB, donde la Alcaldesa y su gobierno se comprometieron a hacer ese pago, pese a saber que no sería posible hacerlo, ha avivado el fuego. Actualmente la empresa FCC no cumple con las cláusulas del contrato en vigor. No se recoge la basura como toca en casi todos los núcleos urbanos y siempre hay "excusas" que el gobierno deja pasar por no estar cumpliendo su falsa promesa de pagarles medio millón de euros más.

Con este gran fallo de la Alcaldesa y su gobierno, el Ayuntamiento está ahora siendo rehén de un chantaje que podría haberse solventado rápidamente, y lo más importante, de manera legal, mediante la rescisión del contrato por incumplimientos reiterados y documentados y la contratación temporal y urgente de otra en cumplimiento de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.

Es más, desde el Partido Vecinal hemos solicitado en reiteradas ocasiones en sesión plenaria que se haga un estudio económico de la viabilidad de constituir una empresa pública para la gestión y recogida de residuos, como tienen en Palma, Calviá, Santanyí y numerosos municipios más con características similares al de Llucmajor. Solicitud no únicamente ignorada por PP, VOX y ASI, sino que además rechazada con excusas sin fundamento como "es muy caro".

Queremos recordar que el Ayuntamiento de Llucmajor dispone de un remanente de tesorería de más de 44 millones de euros y que las inversiones en servicios públicos básicos y esenciales, como es el de la recogida de residuos, se pueden financiar con esos fondos.

Por tanto, la basura acumulada en las calles porque no se recoge, el mal olor que generan y la imagen de abandono del municipio son, a día de hoy, responsabilidad de la Alcaldesa y su gobierno por haber intentado realizar un acuerdo ilegal con la empresa FCC que les ha salido enteramente mal y que desde el Partido Vecinal les habíamos avisado en reiteradas ocasiones que así sería.

Avisamos de ello desde hace meses. El pago adicional de medio millón de euros a FCC para evitar una huelga es un chantaje que no se debe aceptar. No por la cuestión, sino por la forma. La ley no se puede saltar para beneficiar a una empresa con fondos públicos y saltándose toda la vía legal que requiere un pago de esas dimensiones. Insistimos en que lo suyo era, y sigue siendo, rescindir el contrato por incumplimiento de FCC y hacer lo antes posible una empresa pública para gestionar eficientemente el servicio y dejarse de excusas absurdas.

Palabras de Alexandro Gaffar, portavoz del Partido Vecinal.