Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR informamos que, tal y como anunciamos a principios de año, el pago de medio millón de euros que pretende aprobar la Alcaldesa de Llucmajor a la empresa FCC, encargada de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos, va en contra de la Ley de Contratos del Sector Público y podría acabar en un delito de prevaricación.


Tras meses avisando por activa y pasiva al gobierno municipal a través de las sesiones Plenarias y diversos mails, hoy se nos ha remitido finalmente los informes jurídicos elaborados por el área de Contratación y el de Intervención. Como sospechábamos, no cabe forma de justificar legalmente una revisión de precios en el contrato y se ve con grandes dudas tratar de justificar el pago que acordó la Alcaldesa unilateralmente con la empresa FCC.


Por tanto, con el informe jurídico y sus conclusiones claras, los concejales del Ayuntamiento de Llucmajor que voten a favor de abonar casi medio millón de euros con los informes en contra, se enfrentarían a un presunto delito de prevaricación que podría costarles la inhabilitación de cargo público y el devolver las cuantías pagadas a FCC de su patrimonio personal.

Lo dijimos, fuimos muy claros y aún así optaron por el camino difícil y lleno de complicaciones. Si pagan ese medio millón de euros con los informes jurídicos en contra acabarán en los juzgados por presunta prevaricación. La excusa que dan de que han de pagar porque es un tema de "salud pública" no se sostiene, pues hay otras vías legales para dar solución al problema. La empresa FCC tiene expedientes por incumplimiento del contrato, motivos suficientes para rescindir y exigir indemnizaciones y a la vez sacar a licitación nuevamente el contrato y mejorar la situación. Lo que no puede ser es que se incumplan las bases del contrato, y se haga favoritismo a FCC, costando más a los vecinos y habiendo descartado a las otras empresas que se presentaron por ser más caras. Queremos soluciones, pero soluciones que cumplan la legalidad. Si la Alcaldesa aprueba el pago, tramitaremos denuncia con los informes en mano a la Fiscalía. Nadie está por encima de la ley.

Palabras de Alexandro Gaffar, portavoz del Partido Vecinal.