Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR celebramos que la Alcaldesa haya hecho caso a nuestro aviso y haya retirado del orden del día querer aprobar un pago extraordinario, de dudosa legalidad, de casi medio millón de euros a la empresa encargada de la recogida de los Residuos Sólidos Urbanos de Llucmajor.

Todas las alarmas saltaron cuando hace escasos días el gobierno municipal de Llucmajor anunció en prensa disponer de informes jurídicos favorables que permitirían pagar casi medio millón de euros de las arcas municipales a la empresa FCC para la subida salarial de sus empleados. Una información que resultó ser falsa, pues en los informes jurídicos que se remitieron a los concejales de la corporación municipal se concluía lo contrario, que era inviable hacer modificación del contrato, de revisar el precio y que no veían recorrido a una reestructuración por causas que fueran inesperadas. Fue en aquel momento que desde el Partido Vecinal se avisó a la Alcaldesa y su gobierno del riesgo legal que supone para los concejales que voten a favor del pago.

En caso de aprobarse la propuesta de la Alcaldesa, se realizarán pagos, con efecto retroactivo, de un bonus de 34.000 euros mensuales saltándose la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, hasta llegar a casi medio millón de euros. A la vista de los informes se podrían derivar las actuaciones en un delito de prevaricación, que según el Código Penal español es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. La prevaricación, en caso de confirmarse, puede conllevar una inhabilitación para el empleo o cargo público de dos a seis años. Esto sin contar con que los concejales implicados deberían devolver el dinero de su patrimonio personal.

Lo triste es que este problema se podría haber evitado desde el principio ya por el mes de febrero 2024. Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento ya alertaron a la Alcaldesa, en presencia de los portavoces que estamos en la oposición, de que no le veían recorrido legal que justifique su intención de pagar medio millón de euros adicionales a la empresa FCC para la subida salarial de sus empleados. Hablamos de una empresa que factura beneficios multimillonarios (cerró 2023 con 591 millones de euros, un 87% más que en 2022) y que según los pliegos a los que se comprometió para ganar el concurso público para el contrato de recogida de residuos, estaba que le pertoca encargarse de las subidas salariales. Por tanto, no hay cabida legal a que la Alcaldesa, porque a ella le dé la gana, se pague con dinero del contribuyente un asunto que no le corresponde al Ayuntamiento pagar. Le avisamos de ello ya reiteradas veces y cuando vimos que este mes de julio quería aprobar el pago sin informes jurídicos favorables, le avisamos que si sigue adelante procederíamos a denunciar ante fiscalía los hechos. Como respuesta, la Alcaldesa de Llucmajor ha retirado el punto del orden del día, dando así la razón al Partido Vecinal. Lo que toca ver ahora es si desistirá de su empeño en querer pagar a FCC ese bonus, o si por el contrario lo intentará por otro camino. Sea cual sea la decisión que ella tome, desde el Partido Vecinal estaremos para vigilar que se cumpla la ley.

Palabras de Alexandro Gaffar, portavoz del Partido Vecinal.