Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR anunciamos públicamente que tras la ocurrido en el último Pleno del Ayuntamiento de Llucmajor procederemos a tomar medidas legales contra la Alcaldesa si ésta censura y coarta los derechos de los concejales de la oposición.

En el pasado Pleno la Alcaldesa, de manera unilateral, optó por censurar el punto de Ruegos y preguntas que contempla la legalidad vigente. Dicho punto sirve para que los concejales de la oposición puedan fiscalizar y controlar a los órganos de gobierno, tal y como estipula el artículo 70 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Desde hace muchas legislaturas en este punto los concejales realizan sus preguntas al gobierno y éste responde de manera pública a dichas cuestiones. Ahora la Alcaldesa ha decidido que no se hará así.

Según ella, quiere hacer efectivo el Artículo 95 de la Ley 20/2006, donde se obliga a tramitar por escrito las preguntas con 48 horas de antelación al Pleno. Si no son tramitadas, no contesta a las preguntas, aunque hayan surgido del debate o los puntos del orden del día. Dicho artículo se aplica, en general, en Ayuntamiento como Palma y no en municipios con una población inferior a los 100.000 habitantes.

Si la Alcaldesa quiere ir de legalista, no es problema. Según la Ley vigente, es su deber responder, sea por escrito o de manera oral en el Pleno, en un plazo de 1 mes desde que se le formula la pregunta. Hay preguntas que nunca ha contestado en lo que lleva de año como Alcaldesa. Ahora que ha decidido activar el Artículo 95, nosotros haremos lo propio. Toda pregunta que hemos formulado y no sea respondida en el plazo legal, denunciaremos ante el Defensor del Pueblo.

Palabras de Alexandro Gaffar, portavoz de LLIBERTAT LLUCMAJOR.

También cabe destacar que LLIBERTAT LLUCMAJOR no asistirá a las denominadas "Juntas de Portavoces", pues la Alcaldesa las realiza fuera de la legalidad vigente: no son órganos oficiales, no cuentan con un orden del día y aún menos un acta pública, y por tanto no son causa justificada para faltar al trabajo el asistir a las mismas (lo que implica que no hay conciliación laboral). Si en dichas reuniones se da respuesta a las cuestiones que por imperativo legal han de ir al Pleno, se procederá también a su denuncia a las autoridades pertinentes. En esta materia el secretario municipal confirmó en el Pleno que la Alcaldesa no puede atribuir esas funciones a dicha "Junta de Portavoces" en la situación actual.