Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR denunciamos el intento que tuvo ayer la Alcaldesa de Llucmajor en evitar que los servicios jurídicos de la casa respondan en el Pleno sí hay responsabilidades penales por el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la empresa FCC.
Tras 5 intentos durante el pleno de 4 horas, la Alcaldesa informa que a fecha de hoy "no hay expediente" donde consten informes jurídicos que avalen hacer el pago de medio millón de euros a la empresa FCC. Una respuesta que viene a admitir que efectivamente, no hay respaldo legal y podrían incurrir todos los concejales del equipo de gobierno que voten a favor de abonar dicho pago, en un presunto delito de prevaricación.
La Alcaldesa negó pasar el turno de intervención a la Secretaria del Ayuntamiento, que se encuentra en la sesión plenaria para aclarar asuntos legales y de reglamento, un hecho inaudito que dispara todas las alarmas a la vista de que no pretende dejar constancia en las actas plenarias de que es conocedora de pleno derecho de que cometerá un delito de prevaricación si autoriza ese pago extraordinario saltándose la Ley de Contratos del Sector Público. La cifra es extremadamente alta, son casi 500.000 euros a la empresa FCC.
Palabras de Alexandro Gaffar, portavoz de LLIBERTAT LLUCMAJOR.
Debido a estos hechos, en el momento de efectuarse el primer pago sin informe jurídico a favor, desde el Partido Vecinal se realizará la debida actuación judicial para proteger el dinero de los vecinos y exigir responsabilidades a los concejales del equipo de gobierno por los hechos graves que ocurrirán.
