Desde el Partido Vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR avisamos de la gran preocupación ante los indicios de lo que será un acto de prevaricación por parte del gobierno municipal.
El asunto en cuestión es en referencia a unos pagos por importe cercano a medio millón de euros que piensa realizar en los próximos meses el gobierno municipal de Llucmajor en virtud de su acuerdo con la empresa FCC.
En un escrito de 5 folios, el Partido Vecinal avisa a la Alcaldesa y el gobierno municipal de que los técnicos municipales no respaldan realizar los pagos de casi medio millón de euros adicionales, al margen del contrato en vigor, a la empresa FCC. El motivo reside principalmente en que realizar esos pagos implica un incumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). Pese a ello, el gobierno municipal ha optado por ir hacia adelante sin el respaldo de los servicios jurídicos y exponiendo a los concejales de gobierno a ser responsables penales de lo que ocurra.
Este asunto es inaudito y muy peligroso. ¿Con qué argumentos jurídicos y en base a qué Ley puede la Alcaldesa decidir pagar un extra de medio millón de euros a alguien?, ¿dónde quedan los derechos del resto de empresas que en el concurso público ofrecieron más caro su servicio y ahora han de ver que se le paga un coste fuera de la legalidad a la que ganó por ser la más barata? El incumplimiento deliberado por parte de las autoridades de la Ley de Contratos del Sector Público, además sin informes jurídicos de los técnicos que lo justifiquen y avalen, constituirá un delito de prevaricación y la Alcaldesa y su gobierno deben ser conscientes de ello.
Palabras de Alexandro Gaffar, portavoz de LLIBERTAT LLUCMAJOR.
Debido a esta falta de informes jurídicos que avalen la actuación de la Alcaldesa y su gobierno, el Partido Vecinal solicita de urgencia para el pleno de mañana 27 de marzo una explicación, con informe jurídico, sobre la legalidad de los pagos que pretende realizar el Ayuntamiento de Llucmajor y las consecuencias penales que tendrá para quienes lo apoyen.
Si no se aclara y subsana el asunto, el Partido Vecinal tramitará la pertinente denuncia de los hechos a fiscalía para que éste investigue el asunto.
Nuestro deber como concejales de la oposición es avisar de las presuntas irregularidades y hacer que se subsanen. Pero si el gobierno decide seguir adelante con este sin sentido, estaremos obligados a dar parte a la fiscalía.
Palabras de Miguel Pascual, concejal de LLIBERTAT LLUCMAJOR.
