Este mes ha salido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) que dictamina que el Ayuntamiento de Llucmajor debe derribar un muro y retranquearlo 4 metros hacia el interior del propio colegio.


EL EQUIPO DE GOBIERNO ECHA LA CULPA A LOS DENUNCIANTES DE LA IRREGULARIDAD

El 2 de Septiembre el Alcalde (PP), acompañado de la Concejal de Educación (PP) y el Concejal de Urbanismo (ASI), salieron en los medios de comunicación informando de la sentencia y del malestar que generaría el derrumbe de dicho muro, que afectará a 500 alumnos.

Le corresponde al Ayuntamiento, para antes del año 2022, haber derribado dicho muro, levantado el nuevo 4 metros hacia dentro del colegio y así devolver a la legalidad el centro.

Esta irregularidad fue cometida en la construcción del colegio durante la época del gobierno PP-ASI (2008) y los vecinos que lo detectaron realizaron la pertinente denuncia, aunque con interés en retirarla si el Ayuntamiento se comprometía a realizar varias actuaciones de mejora de la zona, por lo que mantuvieron reuniones con los distintos gobiernos que hubo en Llucmajor desde 2007 hasta 2017, como se ve en el siguiente recorte de prensa:


Lo más preocupante ha sido ver que en la declaración a los medios ya empezaron los políticos del gobierno de Llucmajor a hacer insinuaciones contra los denunciantes, hecho que estaba fuera de lugar ya que a la Administración Pública le corresponde ser el ejemplo de legalidad. No se puede exigir a los vecinos cumplir con las normas urbanísticas si luego el propio Ayuntamiento y la Consellería de Educación las incumplen. Es por este motivo que la sentencia ha dado la razón a los vecinos denunciantes.

El Concejal de Urbanismo, Guillermo Roig (ASI) optó por publicar en las redes sociales los nombres y apellidos de los vecinos que detectaron las irregularidades para generar crispación e incitar a un linchamiento público contra estos. También cargó contra empleados públicos. Esta es una actuación que cruza todos los límites relativos a la profesionalidad y la neutralidad que debe guardar para ejercer su cargo público. Un concejal que se dedica a generar enfrentamiento entre los vecinos usando su posición como servidor público demuestra ser un peligro para la buena marcha del Ayuntamiento y la propia integridad física y psicológica de los vecinos que denuncian irregularidades urbanísticas.

APIMA Y LLIBERTAT LLUCMAJOR RECLAMAN UNA INVESTIGACIÓN

La Asociación de Padres y Madres (APIMA) del colegio han reclamado públicamente que se asegure el Ayuntamiento de dotar las infraestructuras necesarias antes de empezar las obras de demolición, para así evitar que los niños tengan que estar en situación precaria.

También la APIMA ha manifestado que desea que se realice una investigación en cómo se ha llegado a la actual situación entorno a esta irregularidad urbanística. En este sentido, nuestro compañero Alexandro Gaffar en el Ayuntamiento, ha informado también a los medios de comunicación que LLIBERTAT LLUCMAJOR reclamará una investigación en los próximos meses, ya que este asunto lleva 12 años en los juzgados, ha pasado por diversas sentencias y ha habido decisiones políticas también por medio, competiendo a tanto Consellería de Educación como el Ayuntamiento de distintas legislaturas, como se ve en el siguiente recorte:


Antes de iniciar una investigación es fundamental que se esclarezca el plan del Equipo de Gobierno en cuanto a las obras y sus plazos, informando con detalles a todos los partidos políticos. Una vez solventado el problema más inmediato tocará depurar responsabilidades.

NECESARIA UNA REUNIÓN ENTRE LAS PARTES AFECTADAS PARA BUSCAR SOLUCIONES

El pasado 3 de Septiembre, nuestros compañeros Alexandro Gaffar y Julián López-Menchero se reunieron con los vecinos que detectaron las irregularidades urbanísticas, para conocer de primera mano la trayectoria de más de 1 década de lucha en los juzgados e intentos de negociar una salida pacífica con el Ayuntamiento de Llucmajor. Dichos intentos no prosperaron, generando la situación actual.


Tras esta reunión, desde el partido vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR se considera necesario que las partes afectadas del proceso judicial (Ayuntamiento de Llucmajor y los vecinos denunciantes) se reúnan. Es por ello que se ha solicitado al Alcalde que se ponga en contacto con ellos para que haya dicha reunión, pues cualquier mediación para obtener resoluciones pacíficas de mutuo acuerdo será más beneficiosos para los vecinos de Urbanizaciones, los padres y madres, los alumnos y la propia Administración Pública.

El Alcalde ya ha contestado indicando que aceptará dicha reunión propuesta por el partido vecinal. Queda pendiente la fecha y conocer los detalles de la misma y sus resoluciones.

Es vital destacar que el partido vecinal LLIBERTAT LLUCMAJOR está para ayudar, indiferentemente de quién gobierne y la relación con éste. El interés general de los vecinos y la defensa de sus derechos es lo primordial para nuestro proyecto.